En Uruguay persiste la inseguridad para las mujeres y niñas, la violencia basada en género es una violación grave de los DDHH.
La denuncia sigue siendo constante, hacia parejas, exparejas y otros vínculos cercanos, casos que en algunas circunstancias resultan letales.
El año 2022 alcanzó el máximo de víctimas con veinticuatro casos, 2025 cerró con dieciséis casos según informe del Ministerio del Interior.
Amnistía Internacional exige “acelerar y garantizar la implementación efectiva de la Ley 19.580 para asegurar las medidas previstas y así fortalecer la respuesta.