El Frente Amplio presentó este lunes las conclusiones de la comisión especial investigadora sobre el contrato entre el Estado uruguayo y la empresa Cardama para la construcción de patrulleras oceánicas (OPV). Tras seis meses de trabajo, los legisladores del MPP, Nicolás Viera y Joaquín Garlo, sostuvieron que se detectaron “irregularidades graves” y hechos que, a su entender, presentan apariencia delictiva y deben ser investigados por la Justicia.



En ese sentido, el senador Nicolás Viera se refirió a las responsabilidades políticas que surgen de las conclusiones de la comisión. Viera señaló como principal responsable político al expresidente Luis Lacalle Pou, tanto por su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas como por el respaldo político que, según afirmó, brindó al proceso de adquisición de las patrulleras.



El senador también mencionó al exministro de Defensa Javier García y a otros jerarcas y funcionarios que participaron en el proceso de adjudicación. A su entender, existió “una ausencia importante en materia de controles” y de acciones administrativas y políticas que debieron realizarse.



“Está claro, porque la comisión así lo establece con los documentos que estudió y todos los invitados que recibió, que aquí estamos ante un fraude que a todas luces ha contado con la opacidad de aquellos jerarcas que, debiendo controlar y defender al gobierno y al Estado nacional, no lo hicieron”, sostuvo Viera.



En tanto, Garlo señaló que el objetivo del Frente Amplio desde el inicio de la comisión fue “conocer la verdad” sobre lo ocurrido con el contrato. Según explicó, el trabajo permitió identificar hechos vinculados a las garantías, la documentación presentada y los pagos realizados por el Estado.



“En primer lugar, reafirmar que existieron hechos de apariencia delictiva, y el trabajo de la comisión nos permite confirmar la existencia de otros hechos que no fueron denunciados oportunamente por el Poder Ejecutivo”, sostuvo el diputado.



Uno de los principales puntos señalados por Garlo fue el proceso de constitución de las garantías y la documentación presentada por Cardama. El diputado cuestionó que se realizaran pagos sin contar con la documentación original a la vista y con documentos que, según afirmó, no estaban traducidos ni apostillados.



“Concretamente, la celebración de esos pagos, sin contar con la documentación original a la vista, sin tener la documentación traducida ni apostillada, constituye irregularidades de gravedad que, entendemos, deben ser investigadas por la Fiscalía en el marco de la acción penal”, afirmó.



Garlo sostuvo que Cardama es el principal responsable de los hechos cuestionados, pero consideró que las actuaciones no podrían haberse concretado sin la participación de funcionarios públicos.



En ese sentido, señaló que también deben analizarse las actuaciones realizadas “por acción u omisión” por parte de funcionarios que participaron en el proceso.



Entre los hechos que el Frente Amplio incluyó en su informe, Garlo mencionó el otorgamiento de prórrogas sin registro por parte de la administración anterior y la falta de una comunicación formal sobre la no entrada en vigor del contrato por incumplimiento de las condiciones previstas.



También cuestionó la autorización de pagos basada, según sostuvo, en documentación que no había sido revisada directamente por las autoridades correspondientes.



“La autorización de pagos invocando un análisis de documentación que nunca se tuvo a la vista y nunca pisó las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional es una de las irregularidades detectadas”, sostuvo el legislador.



A esto se sumaron, según el Frente Amplio, pagos realizados sin controles suficientes sobre la documentación, incluidos documentos en inglés que no estaban traducidos ni apostillados.



Garlo también señaló la “ausencia sistemática de actos administrativos escritos, resoluciones fundadas y registros de decisiones esenciales para la protección de los dineros públicos”. Según explicó, en el expediente de la contratación no existiría registro de las sucesivas prórrogas otorgadas por el Ministerio de Defensa Nacional ni de las distintas ofertas de garantías presentadas por Cardama durante el proceso.



Por otro lado, Viera también se refirió al pago realizado durante la actual administración. Explicó que el gobierno encabezado por Yamandú Orsi heredó un contrato que permanecía vigente y que la ministra actuó de acuerdo con las obligaciones contractuales existentes en ese momento.



“El gobierno del Frente Amplio heredó un contrato que hasta el momento estaba vigente, y la ministra procedió a realizar el pago de acuerdo a los parámetros contractuales”, explicó.



Según el senador, las irregularidades vinculadas a las garantías fueron determinadas posteriormente y, una vez conocidas, el Ministerio de Defensa avanzó hacia la finalización del contrato.



Tras presentar sus conclusiones, el Frente Amplio anunció que remitirá a la Fiscalía toda la documentación recabada y producida durante el trabajo de la comisión. Garlo adelantó además que buscarán que los nuevos hechos que consideran de apariencia delictiva sean denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.



“Queremos que sea la Asamblea General la que considere estos aspectos”, señaló el senador. La intención, explicó, es que el Parlamento en su conjunto remita la información a la Fiscalía para que se investiguen las eventuales responsabilidades penales.



Los legisladores también se refirieron a las actuaciones administrativas vinculadas a funcionarios de la Armada. Señalaron que existen procesos en curso ante la justicia administrativa y que corresponde esperar esas resoluciones antes de sacar conclusiones sobre la regularidad de las sanciones aplicadas.



De esta forma, el Frente Amplio buscará que los antecedentes de la comisión investigadora lleguen a la Justicia para que se determinen las eventuales responsabilidades penales y políticas que puedan surgir de las actuaciones analizadas durante los seis meses de trabajo.