El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) mantuvo una nueva reunión con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) para intercambiar sobre la reglamentación de la nueva ley de prevención del lavado de activos.



El encuentro permitió al Colegio plantear consultas y propuestas sobre las dificultades que pueden surgir para los profesionales con la aplicación de la nueva normativa. Entre los principales temas abordados estuvieron la debida diligencia, los controles reforzados para determinados casos y las operaciones en efectivo.



La representante del CCEAU en la SENACLAFT, Cristina Freire, explicó que el Colegio viene trabajando sobre estos aspectos desde la aprobación de la nueva ley. “Realizamos una serie de sugerencias respecto a lo que es la debida diligencia intensificada, sobre los movimientos en efectivo y otros planteos que han sido tomados en cuenta en el borrador del proyecto”, señaló.



Si bien el Colegio todavía no recibió el borrador definitivo, Freire destacó que, de acuerdo con lo informado durante la reunión, varias de sus sugerencias fueron consideradas.



En tanto, desde SENACLAFT explicaron que parte de los planteos del Colegio fueron incorporados, a raíz de una reunión previa que hubo entre ambos organismos.



El asesor de la Secretaría, Daniel Espinosa, explicó que en esta segunda reunión se les presentó una devolución sobre los comentarios y sugerencias realizados por el CCEAU.



“Algunos de los comentarios recibidos están incorporados al nuevo texto que vamos a enviar”, sostuvo Espinosa. Agregó que todavía resta “una última instancia, una última devolución de los sectores antes de la redacción definitiva del decreto”.



Uno de los puntos señalados por el Colegio es que, si bien el alcance de los contadores como sujetos obligados se mantiene, la nueva normativa implica más procedimientos y responsabilidades para quienes quedan comprendidos.



Freire explicó que el contador es considerado sujeto obligado cuando realiza auditorías o informes de revisión limitada que superan determinados umbrales. “Eso sigue estando claro, tanto en la ley anterior como en la actual”, indicó.



Sin embargo, señaló que los cambios en la normativa implican que los profesionales deberán realizar nuevos procedimientos, capacitar a sus equipos y conservar documentación. “Como sujetos obligados tenemos un poco más de trabajo”, afirmó.



Para el Colegio, esto también supone la necesidad de continuar capacitando a los profesionales para evitar errores en la aplicación de las nuevas reglas.



En este sentido, adelantó que el propio CCEAU continuará ofreciendo instancias de formación a sus socios. “La nueva ley y nuevo decreto llevan a que debamos revisar procedimientos nuevos, revisar nuestras capacitaciones”, sostuvo.



Freire destacó que el objetivo del Colegio fue advertir sobre las dificultades prácticas que pueden aparecer cuando las nuevas obligaciones comiencen a aplicarse.



La representante del CCEAU valoró especialmente el intercambio con SENACLAFT y señaló que existe un diálogo permanente entre ambas instituciones. “Siempre nos sentimos bien con SENACLAFT porque tenemos un diálogo abierto, y nos escuchan”, afirmó.



Si bien aclaró que no siempre se aceptan las sugerencias que realizan, consideró que el intercambio forma parte del proceso de elaboración de la normativa y destacó que, en general, existe “una muy buena relación” entre las instituciones.



Por su parte, Espinosa sostuvo que la nueva reglamentación no supondrá un aumento general de costos para los profesionales y que incluso algunas flexibilizaciones podrían reducir la carga administrativa.



El texto continuará ahora en etapa de revisión, con una última instancia de intercambio con los sectores involucrados antes de avanzar hacia la redacción definitiva del decreto.