El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, se refirió en rueda de prensa a la comparecencia de representantes del estudio Delpiazzo ante la comisión investigadora que analiza la compra de la patrulla oceánica a la empresa española Cardama. Según afirmó, el estudio aportó elementos que confirman irregularidades en el proceso de constitución de las garantías ante el Estado uruguayo.



“La exposición fue contundente porque reafirma que el proceso de constitución de las garantías en el contrato entre Uruguay y Cardama fue absolutamente desprolijo, marcado por una serie de prórrogas interminables que llevaron a que, finalmente, la empresa presentara una garantía de Eurocommerce, que después se demostró que era falsa”, sostuvo Garlo.



El diputado sostuvo que, de acuerdo con lo expuesto por los asesores jurídicos, la garantía era una condición indispensable para que el contrato entrara en vigencia y para habilitar el primer desembolso de más de ocho millones de euros. En ese sentido, señaló que el contrato nunca debió haber entrado en vigencia “porque las exigencias establecidas no fueron cumplidas”.



Garlo destacó además que buena parte de la documentación que permitió reconstruir los hechos provino de correos electrónicos aportados por el estudio Delpiazzo a las actuales autoridades del Ministerio de Defensa. Según explicó, cuando asumió el nuevo gobierno «no había registro documental de todo este proceso de constitución de las garantías» y «no se encontró en el expediente ningún tipo de documentación».



A partir de esa información, dijo, fue posible reconstruir las distintas prórrogas otorgadas a la empresa. «Todos los elementos que recuperamos fueron a partir de la información que el estudio Delpiazzo brindó al Ministerio de Defensa y que llegó a poder de la comisión investigadora, y que da cuenta de esas prórrogas interminables que el Gobierno anterior le otorgó a Cardama. Fueron en total cinco propuestas distintas de garantías que finalmente terminaron en el desenlace que ya conocemos”, indicó el legislador.



Consultado sobre si existió únicamente desprolijidad administrativa o una eventual intención de perjudicar al Estado uruguayo, Garlo sostuvo que esa es una de las cuestiones que todavía deben esclarecerse. «Eso es lo que tenemos que seguir investigando, no solo nosotros en la órbita de la comisión investigadora, sino también la Justicia uruguaya», señaló y recordó que existe una denuncia penal presentada por el Poder Ejecutivo que actualmente está siendo analizada por Fiscalía.



Respecto a las prórrogas concedidas a la empresa española, el legislador indicó que el estudio Delpiazzo consideró razonables las primeras extensiones de plazo, aunque cambió de postura cuando los incumplimientos se prolongaron. Según relató, en agosto de 2024, cuando ya habían pasado más de 6 meses de las prórrogas iniciales y el plazo ya había vencido, el estudio elaboró un informe para el Ministerio de Defensa recomendando dejar sin efecto el contrato porque, según explicó el legislador, al no cumplirse las obligaciones, “el contrato nunca debió haber entrado en vigencia».



“Llamativamente, ese informe nunca fue remitido a Cardama, y en septiembre de ese año, 2 meses después, se termina otorgando una nueva prórroga de 72 horas, donde ahí aparece la propuesta de Eurocommerce, que después se descubrió que era una garantía falsa”, contó el diputado del MPP.



Garlo informó que, frente a esta situación, solicitaron en la comisión que el Ministerio de Defensa les envíe las copias de todos los correos electrónicos que salieron de las casillas del Director General de Secretaría y del Director de Recursos Financieros entre el 1º de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2025, no solo para ver si allí constan las comunicaciones entre el Ministerio de Defensa y el estudio Delpiazzo, sino también con Cardama y con los representantes de la empresa española en Uruguay.