DECLARACIÓN PÚBLICA DEL SAQ
SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE SERVICIO MÉDICO OBLIGATORIO EN LOS PRESTADORES PÚBLICOS DE SALUD
La Mesa Ejecutiva del Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (SAQ) ha analizado en profundidad el proyecto de ley denominado “Servicio de Atención Médica Especializada en los Prestadores Públicos de Salud”, hoy a estudio en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes. Antes que nada, queremos compartir nuestra mirada sobre el problema de fondo y nuestra plena disposición a colaborar.
Existe una preocupación real y sentida, que el SAQ hace propia: faltan especialistas radicados en el interior del país. Es un problema legítimo, que merece la atención de todos los actores y al que nuestro sindicato viene dedicando estudio y trabajo desde hace tiempo. Ningún habitante del interior debería tener menos acceso a la atención especializada que un habitante de la capital. Y esta vocación no es meramente declarativa. En este mismo momento estamos trabajando junto a ASSE para mejorar la cobertura especializada en el interior, en un esfuerzo conjunto que demuestra algo decisivo: el camino del acuerdo y la articulación entre las partes produce resultados concretos, y los produce sin sacrificar derecho alguno.
Creemos, además, que existen herramientas eficaces y plenamente respetuosas de los derechos para atender este problema. Entre ellas:
Creación de centros docente-asistenciales, para que nuestros residentes se formen en sus propios lugares de procedencia. Incentivos económicos por radicación en el interior. Centros especializados en las distintas disciplinas quirúrgicas, estratégicamente distribuidos por el territorio. Cargos integrales de alta dedicación. Además, becas de formación con compromiso de retribución pactado voluntariamente. Concursos con condiciones atractivas y una verdadera carrera funcional y telemedicina y consulta a distancia.
Para que estas soluciones sean reales, exitosas y duraderas, deben construirse con todos los actores involucrados —y nunca de espaldas a quienes deben llevarlas adelante—. Es allí donde el SAQ está dispuesto a poner su mayor empeño.
Precisamente, desde esa vocación de colaboración debemos ser claros: este proyecto, en su forma actual, no es el camino.
Y ello por cuanto compromete derechos fundamentales que ninguna finalidad, por loable que sea, autoriza a sacrificar. El proyecto obliga a todos los médicos que culminen un posgrado de especialización a prestar entre cuatro y dieciséis horas semanales en prestadores públicos de cualquier punto del país, durante dos años. Y a quien no se someta a esa imposición, el Ministerio de Salud Pública no le habilitará ni inscribirá el título: en los hechos, no podrá ejercer la profesión para la que se formó. Veamos por qué esto no puede acompañarse.
PRIMERO: Configura, lisa y llanamente, trabajo forzoso.
Obligar a una persona a trabajar bajo la amenaza de una sanción —aquí, impedirle ejercer la profesión para la que se formó— encuadra de lleno en la definición de trabajo forzoso que prohíben la Constitución y los convenios internacionales que el Uruguay ratificó, entre ellos el Convenio N.º 29 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
Este proyecto ni siquiera recae sobre quien recién inicia su carrera, sino sobre profesionales que ya ostentan título y habilitación, y que invirtieron años adicionales en especializarse; no ofrece una estructura de formación ni una contraprestación adecuada; y, sobre todo, respalda la obligación con la sanción más extrema imaginable: el bloqueo total del ejercicio profesional.
Es precisamente esa combinación —imposición a profesionales ya formados, sin consentimiento y bajo amenaza de lo que constituye una verdadera muerte civil— la que sitúa al régimen fuera de toda “obligación cívica razonable” y lo convierte en trabajo forzoso. El loable objetivo de mejorar la atención del interior —cuya legitimidad nadie discute— no puede, en modo alguno, alcanzarse por esta vía.
SEGUNDO: Avasalla la libertad de trabajo y la libertad de residencia.
La Constitución garantiza a cada uno el derecho de elegir cómo, dónde y en qué condiciones ejercer su profesión (artículo 36), y de fijar libremente su residencia (artículos 7 y 37).
Es verdad que estos derechos admiten limitaciones por razones de interés general; pero toda limitación debe ser proporcionada, y esta no lo es: se obliga al joven especialista a desarraigarse —a dejar su casa y su familia— para trasladarse durante dos años donde lo destine la autoridad, con los costos y el tiempo de viaje a su cargo. El sacrificio que se exige a la persona es enorme; el beneficio que se promete a cambio, como se verá, ínfimo.
TERCERO: Impone un castigo desproporcionado y sin las garantías del debido proceso.
Negar el título —que se gana con años de estudio y de trabajo, teórico y práctico— a quien no cumpla equivale a una muerte civil profesional: se le quita a la persona el acceso a su propio sustento. Y se lo hace de manera automática, sin proceso, sin posibilidad de defensa ni de revisión, en abierto desconocimiento de las garantías más elementales del debido proceso y, en definitiva, del propio Estado de derecho. Esa amenaza es, además, la prueba más clara de la naturaleza coactiva del régimen.
Es una contradicción difícil de explicar: se pretende imponer un Servicio Médico Obligatorio en un país donde ni siquiera el servicio militar lo es.
CUARTO: Y, por si fuera poco, ni siquiera resuelve el problema que invoca.
En especialidades de las que egresa apenas un profesional por año —la neurocirugía, por ejemplo—, repartir unas pocas horas semanales en todo el territorio no cambia en nada la realidad del interior.
Lo aclaramos con franqueza: nuestra objeción de principio se mantiene cualquiera sea el número de especialistas involucrados, porque ningún derecho fundamental puede negociarse a cambio de resultados. Pero el dato agrava el cuadro: se sacrifican derechos esenciales a cambio de una solución que no soluciona.
En definitiva, el SAQ comparte la preocupación de fondo. Faltan especialistas radicados en el interior del país, y es un problema real que merece atención. Pero el camino no puede ser la obligación. Existen herramientas eficaces y respetuosas de los derechos pero la obligatoriedad, en cambio, suele producir el efecto contrario al buscado.
Las soluciones no pueden imponerse de espaldas a quienes deben llevarlas adelante.
El SAQ rechaza este proyecto pero, al mismo tiempo, se compromete a colaborar en soluciones, en este sentido convocamos a las señoras y señores legisladores y a las autoridades a trabajar juntos en soluciones reales, factibles y respetuosas de la libertad y la dignidad de los profesionales de la salud.