– DGI aprobó su Plan Estratégico de Gestión 2025–2029, que plantea pasar de un enfoque centrado en detectar incumplimientos a un modelo preventivo, basado en riesgos, datos e información compartida. El CCEAU advierte que este escenario exige mayor coherencia en la información y refuerza la importancia del asesoramiento profesional.



La Dirección General Impositiva (DGI) aprobó su Plan Estratégico, el que establece un cambio de paradigma en la gestión tributaria: se pasa de un enfoque centrado principalmente en el control de incumplimientos ya producidos a un modelo basado en riesgos, con mayor énfasis en la prevención, la asistencia y el acompañamiento de los contribuyentes.



La presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), Cra. Silvia Leal, entiende que este nuevo escenario tiene consecuencias concretas para quienes dirigen una empresa, independientemente de su tamaño.



El nuevo plan prevé tratamientos diferenciados según el nivel de riesgo, una mayor utilización de los datos como activo estratégico y el fortalecimiento del intercambio de información con otros organismos. Este proceso se apoya, además, en herramientas que DGI ya viene incorporando, como la facturación electrónica, los controles automatizados, la información precargada y el análisis masivo de datos.



Ante este escenario, el CCEAU recomienda a las empresas reforzar sus controles internos y revisar la coherencia de la información desde el momento en que se genera cada operación.



“Hoy no alcanza únicamente con presentar las declaraciones juradas en fecha. Una empresa puede cumplir formalmente y, sin embargo, mantener diferencias entre su contabilidad, su facturación y la información que DGI ya recibió de otras fuentes”, señaló la presidenta del CCEAU, Cra. Silvia Leal.



Según Leal, el cambio obliga a revisar la forma en que las empresas gestionan y controlan su información. “La coherencia no puede construirse recién cuando llega el vencimiento de una declaración. Tiene que trabajarse y existir desde el momento en que la empresa factura, contrata, paga o registra”, dijo.



DGI puede detectar antes las inconsistencias



La DGI dispone de información proveniente de declaraciones juradas, pagos, facturación electrónica, retenciones, compras, ventas, proveedores, clientes y terceros, entre otras fuentes, y estas fuentes van aumentando con el cruzamiento de datos.



Esto reduce el tiempo que puede transcurrir entre la generación de una inconsistencia y su eventual detección. Una diferencia que antes podía advertirse incluso años después, hoy puede ser identificada dentro del año corriente, incluso antes de una fiscalización tradicional.



El nuevo enfoque no significa necesariamente que todas las empresas vayan a recibir más inspecciones. La tendencia apunta a controles mejor focalizados, utilizando la información disponible para identificar situaciones en las que existe un mayor riesgo de incumplimiento.



“Una empresa que mantiene su información ordenada, coherente y respaldada, no va a tener problemas. Pero cuando existen diferencias reiteradas o difíciles de justificar, la capacidad de DGI para detectarlas es cada vez mayor”, señaló Leal.



Tener una factura puede no ser suficiente



Uno de los aspectos que requiere especial atención es el respaldo de las operaciones. Tener una factura es importante, pero puede no ser suficiente por sí sola.



Según el tipo de operación, la empresa también puede necesitar demostrar quién fue el proveedor, qué bien o servicio adquirió o prestó, qué relación tiene con su actividad, cómo realizó el pago y qué contratos, constancias de entrega u otros antecedentes prueban que la operación efectivamente ocurrió.



Entre las situaciones que deberían recibir particular atención se encuentran las diferencias entre la facturación y las declaraciones juradas, los gastos sin respaldo suficiente, las compras que no guardan una relación clara con la actividad de la empresa, los créditos fiscales insuficientemente documentados y los saldos con socios o partes vinculadas que no cuentan con una explicación lógica.



“Detrás de cada comprobante tiene que existir una operación real que la empresa pueda explicar y demostrar. El respaldo documental no debería ser solamente una factura”, sostuvo la presidenta del Colegio.



Las declaraciones precargadas deben ser revisadas



El avance de la digitalización puede llevar a pensar que, si DGI dispone de más datos y puede elaborar declaraciones automáticas o precargadas, la intervención profesional será cada vez menos necesaria. Pero, realmente, ocurre lo contrario.



Estas herramientas de cruce de información pueden facilitar a la DGI que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y paguen impuestos, pero se elaboran a partir de la información que maneja la propia DGI y, muchas veces, mediante la aplicación de criterios generales.



Dependiendo de la realidad de cada empresa, los datos pueden requerir correcciones, complementos o un tratamiento particular.



“Una declaración precargada es un punto de partida, una base; difícilmente es una declaración definitiva. Que la información aparezca cargada por DGI no significa que refleje correctamente todas las particularidades del contribuyente”, advirtió Leal.



“La tecnología puede automatizar datos y cálculos con la información que posee, pero no puede interpretar por sí sola toda la realidad de una empresa. Esa evaluación requiere conocimiento técnico, criterio profesional y comprensión del negocio”, agregó la presidenta del CCEAU.



Tres controles básicos para las empresas



Mejorar el control tributario no requiere necesariamente grandes inversiones. Una pequeña empresa puede implementar procedimientos básicos con el acompañamiento de su asesor profesional.



El primer control consiste en conciliar las ventas, verificando que la facturación electrónica, la contabilidad, las declaraciones de IVA y los ingresos registrados sean consistentes. Esto se puede hacer en cualquier momento del año.



El segundo control es revisar las compras y los gastos, sin limitarse a comprobar la existencia de una factura. También deberían analizarse el proveedor, el concepto, su vinculación con la actividad, la forma de pago y la documentación respaldante.



El tercero es realizar una revisión tributaria integral antes de presentar las declaraciones, comprobando la coherencia entre IVA, IRAE, retenciones, información contable y demás datos enviados a los organismos públicos.



“La clave no está solamente en incorporar tecnología. Los controles tienen que ser periódicos, estar documentados y realizarse antes de que una inconsistencia sea detectada por la DGI”, afirmó Leal.



Del contador que liquida impuestos al profesional que previene riesgos



Buscar un profesional en Ciencias Económicas no debería comenzar cuando llega el vencimiento de una declaración jurada ni cuando aparece una observación en DGI. Su participación adquiere valor desde antes: desde que la empresa nace hasta cuando estructura una operación, documenta una contratación, analiza una inversión, define una forma de pago o evalúa las consecuencias tributarias de una decisión.



“Hay que dejar atrás la idea de que el contador interviene solamente para liquidar impuestos o completar formularios. Si las empresas saben qué pedirle y cómo pedirle, ayuda a ordenar la información, interpretar las normas, prevenir riesgos, ahorrar dinero y tomar mejores decisiones”, destacó Leal.



A medida que DGI automatice tareas, cruce más información y avance con las declaraciones precargadas, el trabajo profesional también evolucionará: habrá menos tiempo destinado a confeccionar formularios y más tiempo dedicado a revisar, interpretar, prevenir y asesorar.



“Cuanto más se automaticen los controles, más importante será la mirada profesional. La tecnología procesa información; el profesional debe determinar qué significa esa información para la realidad concreta de cada empresa”, concluyó la presidenta del CCEAU.